El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se ha reunido este lunes con los gobiernos autonómicos en el Consejo Territorial Ordinario de Servicios Sociales y del SAAD para abordar la ampliación de las transferencias estatales destinadas a financiar la dependencia.
Esta medida, aprobada recientemente mediante un real decreto-ley, supone duplicar las cuantías que el Estado transfiere a las comunidades autónomas (CCAA) por cada persona con grado de dependencia reconocido. En total, esto representará un incremento de 6.200 millones de euros entre 2026 y 2027.
Objetivos prioritarios de la inversión
Bustinduy ha calificado esta acción como la mayor inversión social en décadas y ha instado a las CCAA, responsables de la gestión, a destinar estos fondos estructurales a tres ejes principales:
- La reducción de las listas de espera.
- La mejora de la intensidad y calidad de las prestaciones para los usuarios.
- La dignificación y mejora de las condiciones laborales de las cuidadoras.
El ministro subrayó que este incremento está blindado por ley para evitar recortes futuros y que el Ministerio de Derechos Sociales contará con mecanismos de control para asegurar que los fondos se destinen exclusivamente a la dependencia.
Financiación del nivel acordado y reformas legislativas
Además del incremento en el nivel mínimo, que entrará en vigor el 1 de julio y supondrá una subida media del 98,7% en los fondos, el Gobierno elevará la financiación del nivel acordado de protección. La inversión final superará los 904 millones de euros, alcanzando los 970 millones si se incluyen los recursos de Euskadi y Navarra.
Esta transformación financiera se complementará con la reforma de las leyes de Dependencia y de Discapacidad, actualmente en tramitación parlamentaria, con el objetivo de transitar desde un enfoque asistencialista hacia uno centrado en los derechos, la autonomía y la voluntad de las personas.
