Un informe elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en colaboración con el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IFS-CSIC), revela que la posición en el mercado residencial es el factor determinante de la desigualdad económica, superando incluso a variables como la edad o el nivel de ingresos.
Brecha de rentas y patrimonio
El estudio, coordinado por Javier Gil y basado en datos de la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España, detalla una disparidad significativa en la renta mediana anual según el perfil del hogar:
- Inquilinos: 21.335 €
- Propietarios de su vivienda habitual: 32.120 €
- Arrendadores (una vivienda): 50.959 €
- Multiarrendadores (dos o más viviendas): 80.375 €
En cuanto a la riqueza neta mediana, la diferencia es aún más acusada. Mientras que los hogares inquilinos cuentan con 2.217 €, los propietarios de su vivienda habitual disponen de 193.919 €. Esta cifra asciende a 407.975 € para quienes alquilan una vivienda (184 veces más que los inquilinos) y alcanza los 996.826 € en el caso de los multiarrendadores, lo que representa 450 veces la riqueza de los arrendatarios.
Impacto generacional y concentración de la riqueza
El informe destaca que la precariedad patrimonial de los jóvenes no se debe a un factor estrictamente generacional, sino a su condición de inquilinos y a la dificultad de acceso a la propiedad. Entre 2011 y 2022, la proporción de menores de 35 años propietarios de su vivienda cayó del 69,3% al 31,8%.
Asimismo, se observa una mayor concentración de la riqueza residencial. En 2002, el 90% de los hogares acumulaba el 65,4% de dicha riqueza, mientras que en 2022 esta cifra descendió al 58,1%. En contraposición, el 10% más rico de la población aumentó su concentración del 34,5% al 41,9%.
Conclusiones del estudio
El documento advierte que la subida de los precios del alquiler y la revalorización del parque residencial benefician principalmente a los propietarios. Este fenómeno genera un efecto doble: aumenta la transferencia de recursos desde los inquilinos hacia los arrendadores y reduce la capacidad de ahorro de los primeros para acceder a una vivienda en propiedad.
