Una operación conjunta entre la Agencia Tributaria y la Policía Nacional, coordinada por la Fiscalía Europea, ha resultado en la desarticulación de una organización criminal presuntamente responsable de un fraude de 32,8 millones de euros vinculado al comercio de bebidas alcohólicas.

La intervención ha culminado con la detención de 18 personas, entre las que se encuentran los cinco cabecillas de la red. Los operativos incluyeron registros en 12 ubicaciones repartidas entre Barcelona, Tarragona y Valencia, afectando a empresas, domicilios y depósitos fiscales, además de actuaciones complementarias en Portugal y Bélgica.

Modus operandi y estructura del fraude

La investigación reveló que la organización operaba a través de un entramado de empresas pantalla en España, Bélgica y Portugal. El sistema se basaba en el uso de facturación falsa para evadir los impuestos derivados de la importación y venta de alcohol en el mercado español.

El núcleo del fraude se centraba en dos depósitos fiscales en España. El mecanismo funcionaba de la siguiente manera:

  • La mercancía se almacenaba en depósitos fiscales sin abonar impuestos inmediatos.
  • Intermediarios fraudulentos, denominados empresas fantasma, adquirían los productos y asumían la obligación tributaria del IVA para luego desaparecer sin realizar el pago.
  • Los productos eran revendidos mediante una cadena de sociedades ficticias y facturas falsas hasta su distribución final.

Se estima que esta actividad delictiva se prolongó entre 2019 y 2025, perjudicando tanto las arcas del Estado español como el presupuesto de la Unión Europea. Asimismo, existen indicios de blanqueo de capitales y conexiones de una de las empresas implicadas con las Islas Turcas y Caicos.

Intervenciones y activos incautados

Como resultado de la operación, las autoridades han procedido al bloqueo de numerosas cuentas bancarias de personas y sociedades. Además, se han intervenido los siguientes activos:

  • 40 propiedades inmobiliarias.
  • Más de 430.000 euros en efectivo.
  • Diversos vehículos y múltiples dispositivos electrónicos, incluyendo teléfonos móviles.
  • Abundante documentación relevante para la causa.

La investigación, desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria con apoyo internacional, permanece abierta, por lo que no se descartan nuevas actuaciones.