El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal implicada en el transporte ilegal de aproximadamente 650 toneladas de residuos peligrosos. La mercancía era trasladada mediante contenedores desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife con destino a diversos países africanos.

Investigados y modus operandi

La operación se salda con la investigación de 32 personas y cuatro sociedades con sedes en Tenerife, Gran Canaria y Mallorca. Los implicados son acusados de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Para evadir las inspecciones y evitar la denegación de las exportaciones, la red utilizaba facturas falsas y contaba con negocios que emitían documentos a nombre de terceros, algunos de los cuales desconocían la actividad criminal. El entramado estaba liderado por cinco personas: dos residentes en Gran Canaria, encargadas de la gestión documental y logística, y tres en Tenerife, responsables del envío y la obtención de la documentación.

Naturaleza de los residuos y riesgos

Los agentes, incluyendo al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Caldera de Taburiente, detectaron que los materiales eran exportados sin la debida descontaminación, lo que suponía un riesgo para la salud humana y el entorno. Entre los residuos se encontraban:

  • Aparatos electrónicos y eléctricos: Principalmente motores y compresores de frigoríficos desechados, cuya falta de tratamiento libera gases nocivos a la atmósfera.
  • Componentes de automoción: Repuestos y piezas de vehículos sin descontaminar.
  • Extintores: Alrededor de 38 toneladas.
  • Vehículos: Turismos, camionetas y camiones exportados como mercancía de segunda mano mediante documentación falsa.

En total, la organización transportó cerca de 650 toneladas de residuos peligrosos y 86 toneladas de residuos no peligrosos, con un valor conjunto estimado en 800.000 euros.

Marco legal

El traslado ilegal de residuos, tipificado en el Código Penal desde 2015, conlleva penas de tres meses a un año de prisión, multas de seis a dieciocho meses e inhabilitación profesional. Esta actuación se alinea con el Convenio de Basilea, tratado de las Naciones Unidas que busca controlar y reducir los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos.