El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, mantuvo un encuentro este martes 25 de agosto de 2026 con Koldo Casla, relator especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, con el objetivo de analizar las líneas de trabajo conjuntas y las iniciativas impulsadas por el Gobierno español.

Visión del relator de la ONU

Koldo Casla, investigador vasco y profesor de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de Essex, quien asumió el cargo en abril, destacó la problemática del acceso a la vivienda asequible y la pobreza estructural. Casla defendió que la vivienda debe ser protegida como un recurso público, equiparándola en importancia a servicios fundamentales como la salud o la educación.

Medidas gubernamentales y regulación

Durante la reunión, Bustinduy detalló que el Gobierno trabaja en un real decreto que contempla las siguientes medidas:

  • Prórroga reforzada de los contratos de alquiler.
  • Regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones.
  • Incremento del IVA en los pisos turísticos para frenar el desplazamiento de viviendas del mercado residencial al turístico.

Acciones contra la ilegalidad y el abuso

El ministro repasó las acciones emprendidas por el Ministerio de Consumo, destacando la sanción de 64 millones de euros a Airbnb por publicidad engañosa y anuncios sin licencia, lo que resultó en la retirada de 65.000 anuncios ilegales. A esto se suman 4.093 anuncios eliminados por Booking.

Asimismo, se mencionó la sanción de 3,6 millones de euros impuesta en abril a la empresa Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra inquilinos, además de la apertura de un expediente similar contra otra inmobiliaria.

Colaboración para el análisis de datos

Finalmente, se informó sobre el convenio firmado entre el Ministerio y el Instituto de Filosofía del CSIC. Este acuerdo busca compartir herramientas y bases de datos para profundizar en el conocimiento del mercado inmobiliario, específicamente en las relaciones comerciales de intermediación en el alquiler y la compra de viviendas, con el fin de aumentar la transparencia y la protección del interés general.