La Agencia Tributaria y la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal especializada en el fraude masivo del IVA en el sector de las bebidas alcohólicas y el blanqueo de capitales. La operación, denominada ‘Drink’/’Alambique’, ha resultado en la detención de 13 personas y la investigación de otras cuatro.

Detalles de la operación y detenciones

La intervención, coordinada por el Servicio de Vigilancia Aduanera, el Área de Inspección Financiera de la Agencia Tributaria y el grupo de Delincuencia Económica de la UDEF de Sevilla, incluyó diez registros en domicilios particulares y sedes empresariales en las provincias de Sevilla (La Puebla de Cazalla), Córdoba, Badajoz y Valencia.

Como resultado de los registros, se han intervenido 66.000 euros en efectivo, relojes de lujo, dispositivos electrónicos y documentación relevante. Asimismo, las autoridades han bloqueado 35 cuentas bancarias y solicitado el embargo de once inmuebles vinculados a la organización.

Modus operandi y perjuicio económico

Se estima que la cuota de IVA defraudada entre los años 2018 y 2025 asciende a 11,9 millones de euros, cifra que podría aumentar conforme avance la investigación. La trama operaba a través de un complejo entramado de más de 30 sociedades con roles específicos:

  • Importación: Se importaban grandes volúmenes de alcohol desde depósitos fiscales de la Unión Europea, principalmente de Países Bajos y Portugal.
  • Circuito fraudulento: La mercancía entraba mediante empresas 'introductoras' en régimen suspensivo de IVA e Impuestos Especiales (IIEE). Tras varias transmisiones internas mediante sociedades instrumentales y facturas falsas, el producto llegaba a las empresas 'distribuidoras'.
  • Competencia desleal: Al no ingresar las cuotas de IVA correspondientes, las distribuidoras podían ofrecer precios significativamente más bajos que el resto del sector.

Blanqueo de capitales

La investigación reveló que los líderes de la organización utilizaban una estructura empresarial paralela y una sociedad patrimonial para canalizar los fondos de procedencia delictiva y ocultar la titularidad de diversos inmuebles.

La fase de explotación fue dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Morón de la Frontera, iniciándose los registros el pasado 14 de julio.